Finalmente se expidió el Superior Tribunal de Justicia de Chubut sobre la doble sentencia, recaída en Bárbara De Cristófano y Julián Morón, por abuso sexual infantil ultrajante. La revisión estuvo a cargo de los jueces Roberto Barrios, Sergio Lucero y Mario Vivas la cual fue firmada el pasado viernes 4 de marzo. Así fue anunciado, en soledad, por La Namunkurá, el pasado lunes 7 de marzo. Noviembre de 2016 y marzo de 2022, es el período que fue desde la denuncia inicial, realizada por la querella, hasta la ratificación de la máxima instancia en Chubut. «Este proceso y su fallo marcan un precedente en la materia en Chubut. E insistimos: aquí se asesinó el alma de una víctima menor», le contó Alfredo Pérez Galimberti, abogado en representación de la querella, al programa radial «Bisagra».
Pérez Galimberti habla de precedente. Se refiere a los vínculos que atraviesan a la sociedad toda sobre un tema con el peso que tiene el abuso sexual infantil.
No es para menos. Con esta causa que finaliza en la esfera provincial («debe existir un argumento que no encuentro como para que la defensa pueda acceder a una instancia como, podría ser, la Corte Suprema de Justicia de Nación», detalló, en la entrevista con La Namunkurá, el representante de la querella) transcurrieron 5 años y 4 meses desde la denuncia inicial. Desde el rol del ministerio público fiscal de Puerto Madryn, cuyo jefe es el actual ministro del Superior Tribunal de Chubut, el Dr. Daniel Báez, que tras pedir el sobreseimiento de la pareja finalmente condenada no intervino en el primero de los juicios(realizado en abril de 2019); hasta la necesidad de la participación de la querella para saldar el vacío dejado por el acusador del Estado, la manera en qué se mantuvo el hermetismo sobre el tema durante los 2 años iniciales de la causa, cómo se instaló -posteriormente- al ASI en donde profesionales, de variada índole, hicieron hincapié en el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como coartada de la defensa, e inclusive el rol de integrantes de cátedras universitarias públicas que se basan en la perspectiva de género.
Las diversas etapas judiciales (es profuso el material de archivo que puede encontrarse en portal.fundaciónceferino.org.ar) fueron demostrando y mostrando la cantidad de psicólogas, médicos, peritos de la medicina, representantes del juzgado de familia con el trabajo de sus elencos técnicos, mayoría de juezas en los 2 tribunales, tanto el del primer juicio como el efectuado en la Cámara en lo Penal, pericias irrefutables, 2 ocasiones en que la víctima debió participar de la Cámara Gesell, el rol de la escuela y sus clases de ESI; y, por qué no, el silencio de quienes tienen responsabilidades públicas en distintas esferas.
«Insistimos: aquí se asesinó el alma de una víctima menor», subrayó Pérez Galimberti.
De una sociedad, la chubutense, quizás dependa que puedan impedirse crímenes como lo menciona el abogado.
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