Mientras los representantes de la justicia dilucidan de qué manera se atiende la causa por los crímenes de Héctor López y Federico Lomeñna, ocurridos en diciembre de 2018, los imputados que estaban bajo prisión preventiva recuperaron la libertad. Se trata de Giulio De Cecco, Aaron Sepúlveda, Bautista Bidinost, Nalib Zajur, Genaro Carrizo y Nicolás Valencia. La medida fue adoptada por el juez Daniel Yanguela. Mientras la fiscalía local insiste con prorrogar los plazos de investigación antes de llegar al juicio oral, las defensas consideran que ese tiempo está vencido y debe conformarse un tribunal para que actúe de forma inmediata.
Los cuerpos enterrados de López y de Lomeña fueron hallados en diciembre de 2018. La familia de López denunció la desaparición de “Pato” una semana antes de haberse encontrado su cadáver, en un campo en la zona de El Doradillo: posteriormente fue descubierto, sin vida, Federico Lomeña, en Playa Paraná.
“El quiebre” de un testigo que posteriormente quedó procesado por los crímenes, la punta del ovillo que llevó a la justicia provincial a solicitar la detención de 5 jóvenes. Luego se agregó el sexto involucrado. Desde entonces se dictó la prisión preventiva para cada uno de los involucrados.
Tanto la fiscalía madrynense como la jueza Stella Eizmendi, el trámite debía ser trabajado en el fuero provincial: las razones esgrimidas, una causa anterior que investigaba a las víctimas y a sus presuntos victimarios por el tráfico de drogas. Pese a la negativa del juez federal, Gustavo Lleral de aceptar la competencia, fue el fiscal federal Fernando Gélvez quien objetó esta decisión del magistrado que intervino en la causa sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
La Cámara de apelaciones, a través de sus integrantes, dictaminó que fuese la justicia federal quien investigue los asesinatos de López y de Lomeña.
Una vez finalizada la etapa inicial fue el propio juez Lleral, a instancias de la investigación del fiscal federal, Fernando Gélvez, quien elevó la carpeta para la realización del juicio oral.
Sin embargo el tribunal oral federal (TOF), ubicado en Comodoro Rivadavia, argumentó que no era competencia federal y solicitó que el expediente regresara al ámbito de la justicia provincial.
Allí surgió la Corte Suprema de Nación que decidió, tras 1 año y medio, de solicitada su intervención, que el trámite judicial fuese elaborado, hasta el debate oral, por la justicia ordinaria.
Desde ahí en mas aumentaron las dificultades a tal punto que diversas fuentes, consultadas por La Namunkurá, en el terreno de las leyes, dijesen que este hecho – con tantas idas y vueltas en cuanto a las jurisdicciones- es inédito.
El pasado lunes 14 de marzo se realizó una audiencia a pedido de la fiscal Silvana Salazar. Acompañada por el jefe de fiscales de Puerto Madryn, Alex Williams, basada en el artículo 357 del Código Procesal Penal de Chubut -refiere a causas complejas-, la funcionaria intentó pedirle una ampliación en los plazos de investigación a la jueza Eizmendi. Tal medida se frustró ante la impugnación pedida por las defensas de los imputados. Dos días después fue la misma jueza quien admitió la impugnación.
Para complejizar, aún mas, el mecanismo judicial las magistradas Patricia Reyes y Marcela Perez Bogado decidieron parcialmente-sic- el apartamiento de la jueza Eizmendi.
Mientras las defensas insisten en que la causa se eleve de manera inmediata a juicio oral, surgió una nueva impugnación para con la jueza Eizmendi, quien debería refrendar en conjunto con integrantes de la oficina judicial la conformación de ese tribunal.
A 40 meses de los crímenes de Hécto López y de Lomeña, el juez Daniel Yanguela decidió la excarcelación de los imputados que se encontraban con prisión preventiva.
Así nos proteje la justicia , que alguien me explique que vamos hacer con mi familia . Que dios me ayude a no cruzarlos ,No sabemos que va a pasar el día que los cruzemos por favor que alguien nos ayude. Son muchos ASESINOS PSICOPATAS