En julio de 1924 se produjo la masacre de Napalpí. Marcelo T. De Alvear era el presidente. Luego, en 1947 bajo la presidencia de Juan Perón se produjo otra masacre, la de Rincón Bomba. El Estado argentino, causante de esos episodios, fue conminado a hacerse cargo de delitos de lesa humanidad. Una de nuestras contradicciones y pujas, la de reconocer el genocidio sobre los pueblos originarios. Tras un intenso trabajo de la fiscalía de Resistencia, Chaco, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó tramitar un Juicio por la Verdad, el primero por crímenes de lesa humanidad del Estado argentino contra población indígena. Estas decisiones fueron promediando la década anterior. Durante ese período Lena Dávila, antropóloga y becaria del Conicet, también fue clave con su aporte en cuanto a la investigación. Con ella dialogamos, esta mañana, en La Namunkurá. La semana pasada se entregó, desde la secretaría de Derechos Humanos de Nación, un profuso documento sobre la masacre y pese a que no quedan imputados con vida, la jueza Niremperger admitió la imprescriptibilidad de los crímenes contra las comunidades Qom y Moqoit.
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