La presidenta de “Madres, víctimas detrata”, Margarita Meira se encuentra en la zona. Motivó su viaje una audiencia judicial que, finalmente, fue suspendida. Tiene que ver con la acusación a Pablo Hualpa, ex dirigente de organizaciones sociales en la región. El caso que deberá ventilarse en los tribunales de Trelew, por abuso sexual infantil fue denunciado por la ex pareja de Hualpa hace dos años. Desde entonces, el imputado se encuentra detenido en Puerto Madryn. Una presentación de la defensa aduciendo la imposibilidad de estar presente, este lunes 28, obligó a una postergación de la primera de las audiencias. En redes sociales, una de las víctimas expresó en qué consistieron los ultrajes. Meira, cuya hija fue sometida ala trata de personas, ya había estado en Chubut en 2019 cuando se desarrolló el juicio a una pareja, de Puerto Pirámides, quienes resultaron culpables (sentencia confirmada por la cámara en lo penal de Madryn, y a la espera de una definición del Superior Tribunal de Justicia) por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo: “Preocupan los casos de abuso sexual infantil en esta provincia”, sostuvo Meira quien agregó como dato inquietante la relación que existe con personas ligadas al poder: “Hay hechos en distintas ciudades. Esto es una red de pedofilia. No es casual que haya involucrados ex funcionarios públicos a quienes, en allanamientos, les han encontrado material pornográfico vinculado a menores”. La referente social que tiene un comedor en Constitución, en CABA, fue dos veces blanco de sendos atentados. Tanto en 2016 como en 2018: “La primera vez fue cuando marché por la muerte de la joven (Lucía Pérez) que fue empalada en Mar del Plata; la segunda cuando regresé de Holanda en donde me habían entregado un premio. Me estaban haciendo una nota por eso cuando se escucharon los disparos en mi casa. Fue la policía”, le contó a La Namunkurá. Meira también se mostró sorprendida por el estancamiento que existe en cuanto a la denuncia que presentó la abogada de su organización, en el Consejo de la Magistratura, en contra de Daniel Báez, el jefe de fiscales de Puerto Madryn, por su tarea en la causa que finalizó con la condena a la pareja de Puerto Pirámides. Es dable reseñar que la fiscalía se abstuvo de proseguir la investigación. Fue la querella la que impulsó la instrucción hasta que la jueza Stella Eizmendi elevó la causa a juicio oral.
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