Educación|”El Estado de Chubut debe ser sancionado por el abandono”, Luisina Merino, vicepresidenta de la fundación Ceferino Namuncurá

La Cámara de Apelaciones de Chubut dejó sin efecto un amparo presentado por la fundación Ceferino Namuncurá. La medida revocada había sido dispuesta por el juzgado de familia N° 1 de Puerto Madryn. Posteriormente la fiscalía de Estado interpuso una apelación. En el fallo, que compartimos, se destaca que la prueba principal es una nota del ministerio de educación provincial en donde aclara que la resolución 184/20 que cierra la escuela 1737 de gestión social “está en suspenso”. Para los integrantes de la Cámara no están vulnerados los derechos de jóvenes que asisten al establecimiento. “¿Cuál sería el paso siguiente para admitir que sí se vulneran los derechos de los estudiantes?”, se preguntó Luisina Merino, la vicepresidenta de la fundación Ceferino Namuncurá, en el programa radial “Bisagra”, este miércoles 16 de diciembre.

Dónde poner el punto de partida. Esa es la cuestión. Sería engorroso hacerlo desde 1992 cuando comenzó a trabajarse, desde la fundación Ceferino Namuncurá, con jóvenes y adultos en situación de marginalizados: una síntesis del trabajo pedagógico y político que viene realizando la institución es aquélla frase que refiere a “existen personas marginadas porque están quienes los marginan”. De ahí en más se efectuó un trabajo de investigación educativa. Finalmente en 2015, tras una resolución del ministerio de educación, se obtuvo el número de escuela de gestión social 1737.

Los argumentos de la Cámara de Apelaciones de Chubut. Revocatoria del amparo otorgado por el juzgado de familia número 1 de Puerto Madryn. La abogada de la fundación, Luisina Merino explicó por qué se vulneran los derechos de los menores. “Toman como prueba principal una nota del ministerio, de una carilla, en donde dicen que está suspendida la resolución que da de baja el número de la escuela. Cuándo van a considerar que hay vulnerabilidad. Cuando cierren la escuela va a ser tarde”, dijo.

Las idas y vueltas con representantes del Estado en CHUBUT es histórica pero se ha recrudecido en los últimos años en donde el ajuste y los recortes en materia de educación popular son notorios, en una provincia que transita una extensa crisis política e institucional.

Luego de recibir la notificación -a través de una resolución, la 184/20, proceso administrativo del cual la organización nunca participó en su rol de defensa- de la baja del número de escuela, el pasado 7 de octubre, se sucedieron distintos hitos: una presentación de amparo ante la decisión del ministerio, la posterior reunión con el gobernador Mariano Arcioni -el 13 de octubre- en donde el propio mandatario aclaró que la “escuela no se cierra”, reuniones en mesas de trabajo hasta que el 30 de noviembre (fecha del último encuentro) quienes representan al ministerio de educación no “asistieron” al encuentro virtual, la apelación de la fiscalía de Estado aduciendo que no era procedente la presentación judicial de la fundación Ceferino; hasta arribar a la conclusión de la cámara de apelaciones de la provincia que, basándose en una nota del ministerio de educación en donde se transcribe que “la resolución 184/20 está en suspenso”, revocó el amparo admitido por el juzgado de familia número 1 de nuestra ciudad.

En este informe: dos fragmentos de la entrevista a la vicepresidenta y asesora legal de la entidad, la abogada Luisina Merino quien en una charla radial en La Namunkurá expresó que “a esta altura, en el estado de abandono del Estado para con los más vulnerables, debería intervenir la comisión interamericana de derechos humanos”.

El resto del fallo de la Cámara. Recordemos que una resolución en octubre cerró la escuela. Posteriormente una reunión con el gobernador dejó en suspenso la misma. “La solución si se quiere es mucho más sencilla. Ellos dejan sin efecto la resolución y nosotros retiramos la presentación judicial. Así discutimos lo importante: los criterios pedagógicos”, resumió Merino, vice presidenta de la entidad.

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