Las vacantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia se complentaría con Iris Moreira, Ricardo Napolitani y Daniel Baez. A la muerte de Marcelo Guinle, en 2017, se le agregan las jubilaciones de los jueces Daniel Rebagliati Russell y Jorge Pfleger. La decisión debe tomarla la legislatura ante los pliegos enviados por el gobernador Mariano Arcioni. En esta columna dominguera, repasamos algunas «perlitas» del jefe de los fiscales de Puerto Madryn quien cuenta con el guiño político de dirigentes del Golfo.
Las vueltas de la vida y de los tiempos de la justicia podrán encontrar, cara a cara, a Daniel Bez y Pablo Bell. ¿Qué une al jefe de fiscales de Puerto Madryn con el apellidado igualmente al creador de los teléfonos? Uno de los crímenes más aberrantes que se suscitaron en «la más linda».
Mientras los servicios esenciales en Chubut crujen al ritmo de pagos atrasados a trabajadores del Estado, la justicia provincial no parece haberse dado por enterada. El sistema de salud colapsado y las clases en 2020 con indicios de no comenzar parecen no hacer mella en el poder que sentencia sobre las leyes que generan diputadas y diputados que, a su vez, ejecutan los funcionarios del gobierno.
Quienes se han atrevido a meter mano en los asuntos que resquebrajan la simbiosis de los poderes independientes, entre sí, cargan con una posible destitución o bien son enviados al freezer: tales los casos de los jueces Martín Alessi y Paulo Konig, sometidos al tribunal de enjuiciamiento – en el caso del primero- o brindar explicaciones por sus publicaciones en facebook.
Mientras la danza de nombres giran en la órbita de los favores que deben devolver ciertos dirigentes vayan, aquí, algunos datos que quizás les sirvan a los integrantes de la comisión de asuntos constitucionales de la Legislatura, primer filtro que deben atravesar los pliegos, en este caso, de les candidates a ocupar un sitio en el máximo órgano de justicia.
Por las manos del actual jefe de fiscales de Puerto Madryn pasaron algunas de las causas que, a decir, de quienes integran el mundo de la política, son aquéllas que deben resolverse en el mundo de la…política.
La grieta local instaurada entre los «ismos» del PJ vernáculo desde 2008 -la 125 y la llegada de Kirchner como armador de territorio en julio de 2009- obtuvo sus parches al ritmo de los expedientes: Alpesca, Cura Segundo, Embrujo, Revelación, como punta de lanza.
Sin embargo aquí vamos a detenernos en la táctica de uno de los candidatos a ocupar el cálido sillón del STJ, última instancia a la que puede recurrir una/un chubutense.
Parece ser una coincidencia pero el fiscal Baez utilizó el mismo formato en dos hechos salientes de la última década: iniciar una causa, investigar y «frenarse» antes de llegar a juicio.
Así lo demuestran sus denuncias en los casos Aluar y Alpesca.
Aluar, aluminio argentino
La firma surgida en los 70 -no en vano se los conoce como los años de plomo- que ganó una licitación entre otras propuestas por la muñeca de Gelbard -ministro de economía de Cámpora y de Perón- y la insistencia de Lanusse -presidente de facto en tiempos de la masacre de Trelew, antesala del golpe de los métodos utilizados tras el golpe del 76′- ha estado bajo sospecha de contaminación ambiental: la formación de una comisión bicameral en el 75 fue contundente sobre la obsoleta tecnología que iba a emplear la empresa. Diputados y senadores pusieron el foco en un informe de Vicente Barros -entrevistado por Namunkurá TV, video que puede observarse en you tube-, hoy uno de las personas más consultadas en la tierra por el cambio climático y en la experiencia italiana que había cerrado plantas de aluminio en los años 30 del siglo pasado.
Esas consecuencias fueron mencionadas por el médico Hugo Trovant quien trabajó 20 años en Aluar. El galeno lo hizo a través de los medios, primero y en la justicia, después: la causa fue adoptada por el fiscal Daniel Béaz quien sentó en el banquillo a Madanes Quintanilla en la apertura de investigación. Otro de los acusados era Jorge Zavatti. El expediente creció con las declaraciones de ex trabajadores de Aluar y familiares. El fiscal sostuvo, en primera instancia que hubo abandono de persona. La tarea de acumular pruebas estipulaba un año de trabajo pero Baez la cerró antes al sobreseer a sus propios acusados. ¿Qué prueba tuvo en cuenta para tal determinación? La pericia de la toxicóloga Susana García, experta en la materia y dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Gustavo Castro -juez, después abogado particular, nuevamente juez- le cerró los caminos a las presuntas víctimas para poder querellar en forma autónoma ante la postura de la fiscalía.
La causa se inició en diciembre de 2011 y se cerró en agosto de 2012. Insistimos: una de las pruebas fundamentales fue la pericia de Susana García. En 2011 los archivos del programa nacional de prevención y control de intoxicaciones demuestran que en la categoría «instituciones que colaboran» se encuentra la planta Aluar (ver tercera foto de la secuencia) cuyo especialista es…Jorge Zavatti, uno de los imputados por Baez en la apertura de la investigación realizada…a fines de 2011.¿No sabía Baez que Zavatti es colega de García, la perita que fue clave para en agosto de 2012 sobreseer a los principales referentes de Aluar?
En los artículos despachados por la fiscalía pueden encontrarse los audios de la apertura de investigación y los posteriores motivos de sobreseimiento en donde se destaca la participación de la Dra. Susana García.
A la pesca de Alpesca
La otrora firma modelo con más de 1000 empleados se transformó en un coto de caza presta nombres, abogados y abogadas que se hicieron un picnic con los agujeros que ofreció el poder político local para tal fin: de la frase «lo mejor que le puede pasar a Alpesca es que su dueño sea Omar Segundo», por parte de Carlos Eliceche, entonces ministro coordinador del gobierno de Martín Buzzi al cúmulo de causas que pasaron por las manos del fiscal Baez hubo poco tiempo: mientras la sombra de Das Neves amagaba con convertirse nuevamente en gobernador, las denuncias del bloque de diputados del «Modelo Chubut» (recordar aquéllo de los «ismos» desde 2008) con el patrocinio de Diego Martínez Zapata; Baez se encargó de manejar dichas causas que finalizaron con una condena para Gabriela Dufour -ex funcionaria de Buzzi-, blanco escogido por el dasnevismo y el fiscal, por administración fraudulenta en torno a la custodia de los barcos de la firma. Otro hecho tuvo que ver con el otorgamiento de permisos de pesca (Baez apeló ante el Superior Tribunal que absolvió a Dufour y a Héctor Rojas, ex secretario de pesca) y la calificación de abuso de autoridad y, una más, con la entrega de un crédito express a Omar Segundo -titular de Alpesca- proveniente de Corfo.
En este último caso los imputados eran varios, entre los que estaban el ex gobernador Martín Buzzi y el actual diputado provincial Carlos Eliceche. Tras haber iniciado la apertura de investigación por, en el año 2013, fue en 2018 luego de sucesivas apelaciones del mismo Baez que éste decidió no acusar para elevar la causa a juicio oral.
La misma metodología que en el episodio narrado con respecto Aluar. Entrevistado por La Namunkurá, Daniel Baez «explicó» los motivos de no avanzar con una causa que al Estado le insumió 5 años de gastos que podrían haberse resumido si Baez -que no halló nuevas pruebas- directamente no hubiese apelado la primera instancia judicial que le daba la derecha a «sus acusados».
Desapariciones de Reimundo Pino y Gastón León
Otro eje que se repite es la (NO) investigación sobre casos de personas desaparecidas: Reimundo Pino, en 2011 y Gastón León en 2018.
Pino, habitante de la meseta, es hijo de Hortencia Hueicha, lonko de la comunidad que denunció a Panamerican Silver ante los primeros movimientos de prospección del proyecto Navidad que se intentó re instalar en 2018 de la mano de un fuerte lobby.
A los reclamos de la familia de la inercia de la fiscalía a cargo de Daniel Baez -por jurisdicción corresponde a Puerto Madryn- se le puede agregar que los gastos de los rastrillajes para dar con el paradero de Pino -ver foto, fascímil del expediente- los abonó la empresa «Minera Argenta», subsidaria de Panamerica, a quien la madre del desaparecido acusó por las malas condiciones en que estaban viviendo producto de la falta de agua.
Pino hace 8 años y medio que está desaparecido.
Gastón León desapareció al mediodía del 24 de mayo de 2018. Su búsqueda pareció haberse detenido una vez que la jueza Stella Eizmendi enviara la causa al juzgado federal toda vez que según el informe de la fiscalía la ausencia de León de 32 años se debía a un hecho relacionado con el narcotráfico.
Sin embargo, tal vez, no se contaba con la decisión de la justicia federal de declararse incompetente. Fue allí que debió intervenir la Corte Suprema de Justicia que falló para que la causa sobre la búsqueda del paradero de León quedase en manos de la justicia ordinaria. Es decir que el trabajo le corresponde a la fiscalía de Puerto Madryn.
¿Cuándo dictaminó la Corte nacional sobre la potestad de la investigación? en mayo de 2019. Durante ese lapso ni después se siguió la pista de…la misma fiscalía que, a instancias del Dr. Ismael Cerdá había llegado a la conclusión que la desaparición de León se debía a una red de narcotraficantes. Pese a haber trazado una hipótesis con nombres y alias, no hubo una declaración formal de esas personas nombradas por el fiscal ni se allanaron a fondo los lugares en donde, según, testimonios obtenidos por la brigada de investigaciones, pudo haberse escondido el cadáver de León.
Podría agregarse la decisión de no investigar el abuso sexual a un menor en Puerto Pirámides que, querella privada de por medio, alcanzó dos fallos condenatorios para una pareja. O también, en esa senda, no apelar la prisión domiciliaria de Sebastián Menzo a quien la cámara en lo criminal le ratificó un fallo por abuso sexual. O la muerte de Leonela Aguirre, en 2010, cuando la niña tenía diez años y fue encontrada en un container en la zona norte de Puerto Madryn: Baez, permeable a los gritos del por entonces gobernador Mario Das Neves, mandó a detener a Pablo Bell quien, antes que se modificara el rumbo de la investigación permaneció 30 días en prisión.
En la actualidad Bell demandó al Estado.
Quien debe resolver su situación es el Superior Tribunal de Justicia.
El mismo al cual podría acceder Daniel Baez.
No era la primera vez que Susana García operaba para Aluar, … a pedido de Zapati. Lo hizo en el 2003 cuando el Instituto Nacional del Cáncer en sendas jornadas en Rawson y Trelew puso a la Producción de Aluminio Primario como CANCERÍGENA EN GRADO 1A… COMPROBADA E INEQUÍVOCAMENTE POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL. Con los mismos TRUCHOS y FALSOS argumentos: Solo está demostrado en las Plantas que trabajan con Anodos Crudos.
Susana García y Jorge Zapati se presentaron juntos en varios eventos Nacionales y en Europa exponiendo sobre problemáticas ambientales y toxicológicas de Aluar. Sobre Flúor principalmente. Justamente LA PRINCIPAL CAUSA QUE TENÍA (Y tiene en Archivo, corruptamente decidido) el Fiscal Báez: Nuestra denuncia por el permiso ambiental que le permitió a Aluar la Ampliación de su Planta … a exterminio. Denuncié a Báez penalmente y ante el Consejo de la Magistratura. La Corpo Judicial presta a sobreseerlo o desestimar denuncias… sobradamente comprobadas y documentadas.