Diputados: El Frente para la Victoria, contraataca, entre “tierras y permisos”

El bloque de diputados del Frente para la Victoria eligió dos temas, en los últimos días para “mover el avispero” en cuanto a la política local.

En sintonía, tal vez, con aquello que sucede a nivel nacional en donde la mira está puesta en las elecciones legislativas del año venidero, Chubut no parece ser la excepción: en ese contexto los legisladores del sector que, pese, a los pronunciamientos de otros sectores del peronismo vernáculo, parece estar vivo y latente.
No resulta casual que sean dos “enemigos” del dasnevismo quienes aparezcan en la escena pública y mediática: tanto Blas Meza Evans y Alfredo Di Filipo, cada uno a su turno han sido las caras más visibles de la “contra dasnevista”.

El arco frentista en la legislatura se compone de marcarthystas quienes fueron parte del “consenso” mencionado por el Gobernador Mario Das Neves tras un comienzo “picado” que incluyó un mensaje, a penas asumido, de Das Neves, en Puerto Madryn cuando los mandó “a la puta que los parió” a los legisladores opositores, mayoría en la Legislatura en el comienzo de la gestión(nobleza obliga, el mensaje alcanzó a los diputados de Cambiemos), una de las “armas” de la oposición para contrarrestar la enérgica conducción del tres veces mandatario provincial.

No es de extrañar, pues, que los actores del Frente para la Victoria que se han movido en las horas últimas hayan sido quienes se han mostrado, a su vez, en el ámbito tribunalicio.

Los temas, los “dardos”, y los “blancos” tampoco resultan casuales ni inocentes: la venta de tierras a extranjeros que surge a partir de un decreto presidencial y los permisos de pesca, rubro que ha generado una “guerra” cruzada entre verdes y azules,en el pasado y en el presente, ahora con en este cambio de roles, también: los que ocupan el sillón de Fontana 50 y los que “meten ficha” desde las trincheras de enfrente, en el coqueto edificio de la calle Mitre 550(¿el cinco delante del cincuenta tendrá que ver con el 5 x 1 del que habló Perón antes del golpe del…55?).

La ofensiva mediática y judicial del Frente para la Victoria, curiosamente, coincide con la última reunión partidista que se realizó en Puerto Madryn, de cara al turno electoral del 2 de octubre en donde se entrecruzan y mezclan frentistas más puros, kirchneristas más memoriosos, peronistas poco amigos de los “ismos”, “evitistas pero no cristinistas”, “cristinistas de paladar negro”, o “cristinistas sin paladar” y en donde la agrupación celeste y blanca reúne-hablando de reunión- a aliados, ex amigos, enemigos-íntimos, los que cruzan el límite o para quienes no se contemplan los límites ni los bordes que se amagan, como aquéllos dos pibes que se miden en el recreo ante la mirada del resto de sus compañeros:¿ se agarran, o no? ¿juegan para la tribuna o buscan una verdadera renovación? ¿ es una cuestión de pibes o mujeres con mayor poder o participación o es solamente biribiri?

La otra “coincidencia” no menor es la presencia de Mario Das Neves en Buenos Aires.
Y qué las caras visibles sean las de dos enemigos declarados, tampoco

A continuación compartimos sendas gacetillas de prensa en donde los integrantes del Frente para la Victoria fijaron la posición con respecto a estos temas.

En diálogo con Radio Namunkurá, la diputada madrynense nos compartió su parecer sobre la venta de tierras a extranjeros, incluyendo una opinión sobre la postura del gobierno chubutense con respecto a esta postura del gobierno nacional.

Presentación. La diputada madrynense Alejandra Marcilla participó junto a otros compañeros de bancada en un amparo interpuesto para frenar la venta de tierras extranjeras.

PARA EVITAR QUE SE SIGA VENDIENDO TIERRAS A EXTRANJEROS

Se presentó una acción de amparo,
nulidad e inconstitucional del Decreto 820

di filipo y meza evans
Rivales.Blas Meza Evans, funcionario de Buzzi en el pasado y Di Filipo, con pasado en la municipalidad de Rawson, “las espadas” del Frente para la Victoria en el recinto legislativo. Ambos, contratacan la pol´tica del “dasnevismo”.

El diputado del PJ FpV, Blas Meza Evans y el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques presentaron ayer una acción de amparo contra el Gobierno Nacional con el objeto de lograr un pronunciamiento judicial que deje sin efecto el Decreto Nacional N° 820/16 y declare la nulidad absoluta e insanable, por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas ya que modifica las exigencias previstas para la participación de extranjeros en la adquisición de campos. La medida, además, elimina el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilita la venta de terrenos con espejos de agua.

Asimismo se solicitó se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto cuestionado y hasta que la sentencia que recaiga en estos autos quede firme.
La acción de amparo, que también lleva la firma de los diputados Alejandra Marcilla y José Grazzini, se presentó con una voluminosa documentación en defensa de los intereses, no sólo nacionales sino también provinciales, dada las extensas e importantes tierras rurales apetecidas por inversores extranjeros en nuestro territorio. A ello se añade los pactos internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las cláusulas de los mismos que establecen el derecho de auto determinación y la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales.

Preservar el agua y alimentos

Blas Mesa Evans explicó que la Ley 26.737, denominada “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, sancionada en el año 2011, es alterada insconstitucionalmente por el Decreto Nº 820/2016, bajo la excusa de la pretendida “modificación” cuando esa Ley fue impulsada a fin de resguardar los recursos naturales de los argentinos teniendo en cuenta condiciones geopolíticas de la República Argentina vinculadas a la producción de alimentos en un contexto de crecimiento exponencial de la población mundial.

Indicó que entre los principales fundamentos de la Ley 26.737 son “las profundas consecuencias para el desarrollo futuro de los mercados alimentarios, en especial de los países emergentes, así como la preservación de recursos naturales, escasos y no renovables, a nivel internacional, como lo son la tierra y el agua dulce, y que ha dejado de ser una cuestión de tratamiento sólo individual de determinados países y ha pasado a ser, también, una cuestión de tratamiento por parte de la ONU”.

Sostuvo que “se considera a la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, por lo que era imperioso dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables”.

No a la inversión

Explicó que la protección del dominio nacional sobre las tierras rurales tiene como fin dejar establecido que la adquisición u otras formas jurídicas de posesión de tierras rurales, no configura inversión, ya que se trata de un recurso natural no renovable, crecientemente escaso, en función de variables difíciles o imposibles de revertir (crecimiento de la población mundial –siete mil millones de habitantes-, erosión eólica, salinización, cambio climático, etc.).

Insistió que el principio basal de la Ley 26.737 es el que quiebra, en todas sus disposiciones, el Decreto 820/2016, que parte de la premisa que toda forma de adquisición de dominio, posesión o tenencia de tierras rurales configura una inversión.

Recordó que la Ley 26.737 entre sus principales disposiciones establece que los extranjeros que pretendan adquirir la propiedad o posesión de tierras rurales en la República Argentina deben tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. Las limitaciones que establece la Ley de Tierras son:

• 15% del territorio, a nivel nacional, provincial y subprovincial (partidos o departamentos según la organización política de la provincia).
• El 30% de una misma nacionalidad, aplicado al 15% del territorio, es decir en términos de superficie la limitación por nacionalidad opera en un 4,5%.
• Las tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes no podrán ser adquiridas por extranjeros.
• El tope personal es de 1000 hectáreas en zona núcleo, o su equivalente según propuesta de las provincias aprobadas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
Mesa Evans explicó que la ley establece un tope personal, las equivalencias se crearon a fin de poder equiparar tierras de diferente categoría, valor cultural, social, biológico, turístico y no solo el criterio de superficie. Es decir, si en Pergamino Provincia de Buenos Aires donde el límite es de 1000 hectáreas una persona o empresa extranjera tiene 500 hectáreas podrá adquirir hasta 10.000 hectáreas en la meseta patagónica, es decir el 50% del tope para la zona en la que el límite es de 20.000 hectáreas.
La Ley de Tierras establecía la obligación de realizar un relevamiento catastral y dominial a través el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el que trabajaron arduamente las 23 provincias argentinas a través de sus catastros y registros de la propiedad inmueble, y organismos de control en materia de personas jurídicas. En 2013 el Registro informó que el 5,93% de tierras rurales del país se encontraban en manos de extranjeros, es decir casi 16 millones de hectáreas.

Resultados del relevamiento

El Registro Nacional de Tierras Rurales informó el estado de implementación de la Ley, en el informe surge que las tierras rurales extranjerizadas al 2015 llegan al 6,09% a nivel nacional es decir 16.253.279 hectáreas; esta modificación de valores respecto a los del año 2013, se debió además del otorgamiento de certificados de habilitación, a declaraciones juradas extemporáneas y fiscalizaciones. La administración actual del Presidente Macri recibió un organismo con personas altamente calificadas, con certificación ISO 9001 a la gestión de calidad, firma digital, certificado digital, informatizado a los fines de equiparar situaciones disímiles entre los profesionales del interior con los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con altos estándares de seguridad y transparencia.

Por otra parte, se detectaron en manos de empresas radicadas en Paraísos Fiscales 1.113.654,85 Hectáreas; o sea, más de un millón de hectáreas (Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo entre otros). Es decir, solo en manos de Paraísos Fiscales 55 veces la superficie porteña.

El decreto y sus contenidos

Sobre los principales contenidos del Decreto 820/2016 dijo que “abre la puerta a que se puedan realizar transferencias de acciones y se extranjerice con solo “comunicar al Registro”; incluso dice expresamente, “no deberá solicitar certificado de habilitación… si la persona controlante supera los límites del Art.10 de la Ley 26.737 (cuerpos de agua y 1000 hectáreas o su equivalente en otra zona del país) tiene 90 días para readecuarse a la ley, transmitiendo a través suyo o de sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación”.

Manifestó que el Decreto demuestra un acabado desconocimiento del Derecho Público provincial y de las realidades provinciales, las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental) que son eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios.
Sostuvo que en consonancia con declaraciones del Instituto Sampay, “la iniciativa macrista no trata solamente de modificar el criterio tuitivo de la Ley 26.737, sino que intenta perpetrar ese despojo al pueblo de la Nación Argentina mediante un simple decreto presidencial”.

Vienen por todo

Blas Mesa Evans en su escrito de amparo no duda que vienen por todo; por las tierras con aptitud rural, por los reservorios de aguas potables, por los alimentos, por los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos para el desarrollo informático (sílice, litio, tungsteno)”.

La pesca, el otro tema

PORQUE NO FIRMA LA RENOVACION DE LOS PERMISOS PESQUEROS

gilardino pesca chubut
Rivales II. “Mi padre fue pescador”, dijo Di Filipo. Gilardino, secretario de pesca, también con pasado familiar en el sector, en el mundo de las leyes.La pelea, los permisos.

Convocarán al Secretario
de Pesca, Alberto Gilardino

El Secretario de Pesca, Alberto Gilardino recibirá una nota por parte de los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente para que en un lapso menor a los diez días concurra a la comisión a explicar por qué no le ha renovado los permisos de pesca a la Flota Amarilla y la zozobra que está provocando en el sector.

La nota firmada por el presidente de la Comisión, Alfredo Di Filippo indica: “Me dirijo al señor Secretario a los efectos de aclarar algunos puntos de controversia suscitados entre usted e integrantes de esta comisión que además conformarán la, “Comisión de Investigación para el Análisis y Seguimiento de la Política Pesquera de Chubut, Permisos de Pesca y Plantas pesquera”, votada por unanimidad por esta Legislatura a la espera de su promulgación para ser convertida en Ley.

En declaraciones públicas realizadas por usted, en medios de comunicación de nuestra zona, aparece condicionando como Secretario, la renovación de los permisos de pesca de la flota amarilla a una supuesta revisión por parte de la comisión creada Ley aún no promulgada y que por lo tanto no inició su funcionamiento.

Me permito citar dos declaraciones suyas a modo de ejemplo. El día 9 de julio del corriente- dos días después de sancionada por la Legislatura la Ley en cuestión- declara a un medio del valle en un artículo titulado “GILARDINO ESPERARIA EVALUACION DE LEGISLATURA PARA RENOVAR PERMISOS DE LA FLOTA AMARILLA, refiriéndose al tema en cuestión, Ud dice textualmente “ahora con esto de la Comisión quedará todo suspendido hasta que se expida la misma….”. Y continua con un tono amenazante “a mí me viene bárbaro que la comisión se expida, YO NO VOY A FIRMAR NADA HASTA QUE RESUELVAN….”.

El día 20 de julio, bajo el título CONTRAPUNTO ENTRE GILARDINO Y DUFOUR POR LA RENOVACION DE LOS PERMISOS DE PESCA, usted vuelve a referirse al tema expresando textualmente “ yo ya les avisé que no voy a firmar nada hasta que no los revisen, (refiriéndose a la comisión)” y continuó pidiendo a la Comisión “ celeridad, criterio y transparencia a la hora de evaluar los permisos..”.

La nota continúa indicando: “Señor Secretario o estas declaraciones son para crear zozobra en los integrantes de la flota amarilla, buscando ejercer presión para que miembros del sector culpen a los diputados sobre el trabajo de una comisión creada por una Ley aún no promulgada, actitud absolutamente reprochable y de una mala intención sorprendente e impropia, de un funcionario de una gestión democrática o de su parte existe un profundo desconocimiento sobre la comisión creada su funcionamiento y alcances.

Descarto de plano que la comisión en trámite de conformación, impida que la Secretaría a su cargo realice los actos administrativos pertinentes para la renovación de los permisos a la flota amarilla, y así se lo hicimos saber a los representantes del sector, por lo tanto es de su absoluta responsabilidad cumplir con las obligaciones que le son propias, como es en este caso cumplimentar, los trámites de renovación de los permisos solicitados.

Por otra parte queda Ud por la presente, formalmente invitado al seno de esta Comisión para que explique los impedimentos que a su juicio tiene el señor Secretario para no renovar los permisos de pesca de nuestra flota amarilla.

Cuando nos pongamos de acuerdo con la fecha de ese encuentro entre Ud y los miembros de esta comisión que esperamos sea en un plazo no mayor a diez días, dada la urgencia que el tema amerita, haremos extensiva la invitación a los miembros de la flota amarilla para que ante ellos principales interesados y afectados podamos exponer nuestras posiciones y clarificar el tema.

Fuente: Prensa Bloque Frente para la Victoria Chubut.

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