Una para el lado de la justicia: Condenan a la provincia a pagar los talleres productivos

La Cámara de Apelaciones de Apelaciones de Puerto Madryn concluyó en que la provincia de Chubut a través del Poder Ejecutivo reconozca a los talleres productivos que se dictan en la Fundación Ceferino Namuncurá como parte de su currícula social y culturalmente pertinente que se realiza en la escuela 1737 que funciona como tal desde hace dos años en la organización que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad. La sentencia expresa claramente: ADMITIR la acción de amparo incoada por la Fundación Ceferino Namuncurá y consecuentemente con ello CONDENAR a la Provincia del Chubut a abonar a la Fundación Ceferino Namuncurá propietaria de la Escuela de Gestión Social Ceferino Namuncurá N° 1737, las sumas que se determinen en la etapa de ejecución de sentencia y destinadas a solventar los diez talleres de capacitación que corresponden al ciclo lectivo 2017 y que integran la
curricula de la Escuela incluidos en el PEI: 1) de construcción de alambrados; 2) de computación básica; 3) de
carpintería y fabricación de muebles; 4) de cocina; 5) de producción animal; 6) de construcción; 7)de jardinería,
parquización y poda; 8)de producción animal e inseminación artificial; 9) de huerta y 10) de herrería y estructuras
metálicas.

En la sentencia, la Cámara revoca la sentencia de fs./216 establecida recientemente por el juzgado familiar a cargo de la jueza Delma Vianni quien, además había ordenado el pago de las costas a la Fundación, en la cual esta sentencia decide imponer las costas para la provincia(art. 17 Ley V N°84) para los abogados de ambas partes.

Por otra parte la sentencia deja establecida que la liquidación que se practicara en la etapa de ejecución y que comprende
todas los gastos devengados o realizados que deriven del servicio educativo y que tengan relación directa con los
diez talleres de capacitación, deberá satisfacer los recaudos contables e impositivos que correspondan y deberán ser presentados por el equipo técnico de la Fundación y auditado por la parte demandada, sin perjuicio de la designación de un perito contador designado de oficio por la magistrada de grado. En el plazo de cinco días de definidas las sumas, deberá la Provincia de Chubut depositar en estos autos las sumas que resulten bajo apercibimiento de ejecución.

Vale destacar que la recorrida judicial desde la primera presentación de amparo de parte de la organización madrynense surcó durante un año distintas etapas: desde la primera acción judicial en el juzgado de familia, a principios de este año hasta esta disposición de la Cámara de Apelaciones llegando a fin de año, se realizaron diversas acciones desde el recurso de amparo para que los talleres productivos no se interrumpan tras los acuerdos establecidos con áreas del gobierno provincial del cual dependían los instructores de cada taller, el aporte para los insumos y las becas de los jóvenes que concurren a la escuela 1737 de la Fundación Ceferino Namuncurá. Luego de eso la Provincia presentó una apelación ante la admisibilidad del juzgado de familia, la cual fue denegada por la Cámara de Apelaciones.

Una vez regresado el expediente al juzgado de la Dra. Delma Vianni hubo dos audiencias a las que solamente concurrió el abogado Daniel Gonzalez representante de la Fiscalía del Estado hasta que en la última reunión participaron dos funcionarias del Ministerio de Educación quienes en su momento habían firmado el Proyecto Educativo Institucional (PEI): Sandra Jones y Graciela Cigudosa quienes en su declaración desmintieron aquéllo que habían firmado siendo funcionarias de Educación.

Otro dato a tener en cuenta es que se malinterpreto la política de la Fundación Ceferino Namuncurá quien sostenía a traves de las leyes vigentes que sea el Estado quien sostenga los talleres que forman parte de la currícula independientemente de las horas cátedra que sí aporta el Ministerio de Educación en virtud de los docentes que forman la planta de los trabajadores de la organización.

“Al despegarse” la Secretaría de Trabajo de los convenios firmados entre 2009 hasta 2016(ya en este año y con los convenios firmados, la Provincia no quiso abonar dichos contratos a pesar de las firmas y debió intervenir, también, la justicia) los cuales surgieron a partir de la ley del 8 por MiL que se componía de un saldo que aportaban, por ley, las empresas de Chubut para brindar capacitaciones en distintos proyectos. En el último año dicha normativa fue “absorbida” por los subsidios a los que debió recurrir el poder ejecutivo para hacer frente a los trabajadores del rubro de la pesca y de la construcción a partir de ciertos “desaguisados” entre el Estado y las propias empresas, por caso Alpesca.

La solicitud de la Fundación era que algún ámbito del Estado se hiciese cargo de lo pautado.

Sostener un proyecto educativo con base en los talleres de formación laboral para que los jóvenes que concurren a la entidad puedan tener la mejor educación.

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